Por Alejandro Urueña
Ética e inteligencia artificial (Ia). Founder & ceo clever hans diseño de arquitectura y soluciones en inteligencia artficial. magister en inteligencia artificial.
Brasil votó el domingo 4 de octubre y, con el escrutinio prácticamente completo, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos y Lula da Silva el 45,16 %: una diferencia de algo más de dos millones de votos. Con el balotaje fijado para el 25, las campañas disponían de poco más de dos semanas para la publicidad paga en internet, habilitada desde la tarde del 5 hasta el 22 de octubre.
El viernes 9, cuando comenzaba la propaganda gratuita en radio y televisión, Lula sufrió una interrupción en una modalidad importante de publicidad digital: durante casi 24 horas su campaña no pudo promocionar publicaciones que ya estaban en el perfil de Instagram, aunque los anuncios anteriores siguieron circulando y podían crearse otros mediante cargas directas. Su equipo estimó que la restricción habría impedido llegar a alrededor de 1,3 millones de personas. Meta sostuvo que hubo dos incidentes diferentes: un error global en el contador de reproducciones el día 7 y una falla global en la creación de anuncios el 9, provocada por una actualización de código.
La explicación exige comprobar qué cambió, a quién afectó y cuánto demoró la corrección. Para una campaña que necesita remontar una diferencia, casi un día de difusión perdida no se recupera con un comunicado.
Las explicaciones de Meta no evitaron la intervención judicial. El 15 de octubre, Marco Aurélio Bellizze, del Tribunal Superior Electoral, ordenó medidas para preservar la igualdad de trato entre ambas candidaturas, y el pleno confirmó la decisión por unanimidad al día siguiente. La medida exige revisión humana de las restricciones a las cuentas publicitarias y a la difusión paga; si una restricción se aplica automáticamente, debe revisarse en un máximo de dos horas e informarse su justificación a la justicia electoral. El juez no tuvo por acreditada una manipulación deliberada en ese examen preliminar. Tampoco convirtió cualquier diferencia de audiencia en una infracción: las restricciones fundadas en órdenes judiciales o en políticas previamente establecidas y aplicadas por igual siguen permitidas. Lo que se busca preservar es la igualdad de reglas y la posibilidad de revisar una decisión mientras todavía puede remediarse su efecto. Para quien está en campaña, una explicación que llega después de votar puede resultar correcta y, al mismo tiempo, inútil.
La discusión alcanza otras formas de visibilidad electoral. El NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro identificó 1.613 anuncios político-electorales pagados en moneda extranjera que circularon sin la clasificación correspondiente y fueron reclasificados después por Meta. En otro episodio, se documentaron respuestas desiguales de Meta AI ante pedidos de imágenes electorales; la empresa afirmó que una falla al reconocer nombres y números podía afectar a ambos candidatos y que la corrigió. La plataforma debería explicar qué controles aplicó y por qué no evitaron esas respuestas. También hace falta precisar qué miden los estudios. Boca de IA, del ITS Rio y el Ministerio Público Federal, encontró recomendaciones de candidaturas en alrededor del 20 % de las 245 respuestas examinadas en agosto. El informe no registró recomendaciones explícitas de voto de Claude, pero sí ordenamientos de candidaturas. Una investigación distinta de InternetLab, publicada el 1 de octubre con datos de septiembre, encontró pocas recomendaciones de candidaturas en Meta AI. Las preguntas y los métodos eran diferentes; sus resultados no pueden compararse como si midieran una misma evolución. Esa variación justifica controles continuos y explicaciones específicas para cada incidente.
Supervisar
Las decisiones comerciales de las plataformas también cambian las condiciones de una campaña. Después de reducir ese contenido, Meta anunció en 2025 que volvería a recomendarlo de manera gradual y personalizada. Conocer una política general, sin embargo, no alcanza para reconstruir cómo se aplicó a una cuenta concreta. En la Unión Europea, el Reglamento de Servicios Digitales exige a las plataformas y buscadores de muy gran tamaño evaluar sus riesgos electorales y someterse a auditorías independientes; también establece deberes de motivación de restricciones por infracciones legales o contractuales y supervisión humana de las decisiones sobre reclamaciones. El Reglamento de Inteligencia Artificial prevé, además, supervisión humana para determinados sistemas electorales de alto riesgo, pero una reforma de 2026 aplazó la aplicación de esas obligaciones hasta el 2 de diciembre de 2027. La Comisión Europea abrió en 2024 una investigación sobre el tratamiento del contenido político de Meta y comunicó en 2025 hallazgos preliminares sobre obstáculos al acceso de investigadores y a las reclamaciones de los usuarios. La discusión sobre quién puede comprobar las decisiones de una plataforma ya tiene consecuencias regulatorias.
El 12 de octubre, la Comisión Europea dio otro paso al lanzar un repositorio piloto de publicidad política digital, por ahora voluntario, para facilitar el acceso a información sobre patrocinadores, pagos y técnicas de segmentación. Para las restricciones de campaña hace falta una trazabilidad equivalente: conservar qué medida se tomó, cuándo, con qué fundamento y cómo fue revisada. Las fallas que afectan la difusión deberían activar avisos tempranos, medidas de contingencia y acceso independiente a los registros, con protección de los datos personales. En la recta final deberían extremarse los controles sobre cambios no esenciales que puedan alterar la distribución, documentando las pruebas y las excepciones necesarias para reparar problemas o atender riesgos de seguridad. La igualdad de trato exige poder distinguir una diferencia de audiencia de una restricción arbitraria y corregir esta última a tiempo. Cuando la discusión se resuelve después de la votación, la oportunidad de hacerse oír ya pasó.